Entre 1994 y 1997, en una lucha abanderada por la AV, se realizan decenas de asambleas ciudadanas y varias manifestaciones para exigir la remodelación del Gran San Blas y la regularización de miles de viviendas que han sido ocupadas sin título de adjudicación.
En 1995 el Gobierno regional, previa negociación con la FRAVM, aprueba el Decreto de Regularización, que adjudica las viviendas públicas a las miles de familias ocupantes, la mayoría parejas jóvenes que las habían comprado de manera irregular al primer adjudicatario.
El segundo logro se concreta en los inicios de la presente década, cuando urbanizan los espacios interbloque del barrio, tras un acuerdo entre el Ayuntamiento y el Instituto de Vivienda de Madrid. El desarrollo de las obras, tras varios conflictos, se lleva a cabo contando con la opinión y participación del vecindario, que es canalizada a través de de la nueva asociación del barrio, la Plataforma Vecinal, que nace para reemplazar a la antigua.